Empresa de grúas se quedó con contrato de tamales de $ 30 millones para los niños de Santander

Fiscalía denuncia irregularidades en Programas de Alimentación Escolar

Se siguen destapando absurdas formas de saquear la plata para la alimentación de menores de bajos recursos. A través de un contrato en Santander se giraron recursos a proveedores ficticios en municipios apartados de Tolima, Huila y Meta.

Con las irregularidades que han encontrado los entes de control, los Programas de Alimentación Escolar en las regiones del país están cada vez más cerca a convertirse en una especie de festín para los corruptos.

Esta semana el contralor alertó por la venta de pechugas de $40.000 a los niños más pobres de Cartagena. Sin embargo, nuevos detalles entran a pelearse el primer lugar del rankin de los contratos absurdos dentro de un programa que tiene como propósito llevar mejores condiciones nutricionales a niños de bajos recursos.

La Fiscalía reveló detalles increíbles de cómo se firmaron a través de un contrato macro en Santander, la provisión de productos y servicios en municipios apartados del país ubicados en los departamentos de Tolima, Huila y Meta. En este último, por ejemplo, la Fiscalía encontró el contrato con la Asociación de Operadores de Grúas T&A por 30 millones de pesos para el suministro de tamales a los niños de la región.

Lo primero que despertó la curiosidad de los investigadores es que esta contratación se hubiera suscrito con una empresa que presta servicios de grúas. Al intentar corroborar la información, los investigadores confirmaron sus temores: los trabajadores de la empresa de grúas certificaron a la Fiscalía que no tienen habilidades culinarias para hacer tamales. Al contrastar la minuta de alimentación de los estudiantes, el ente investigador se encontró que los tamales nunca hicieron parte del menú.

Proveedores ficticios aparecen con mucha frecuencia en todas las investigaciones. En las diligencias se encontraron con que las organizaciones que supuestamente suministraron los alimentos no existían, estaban inactivas o en proceso de liquidación. En la mayoría de los casos no cumplían con el objeto social para desarrollar esta actividad económica. 

Los hallazgos se enmarcan en las investigaciones realizadas al contrato de alimentación escolar en Santander del 1 de abril del 2016, en el que la Fiscalía encontró anomalías entre la gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Ltda. Dicho contrato se suscribió por $ 23.844 millones para 82 municipios no certificados, es decir, que no tienen capacidad de contratación porque cuentan con menos de 100.000 habitantes. Con las dos adiciones, este contrato en total terminó costando 35.700 millones de pesos para suplir las necesidades nutricionales de 124.892 estudiantes de escuelas de Santander.

La Fiscalía investiga el presunto direccionamiento del pliego de condiciones para beneficiar al contratista; también se encontró que habría existido proveedores ficticios ya que no tenían la capacidad para dar garantías nutricionales a los menores. 

Entre los hallazgos también está el caso de Huila, donde se habría pagado por la elaboración de postres con una Asociación de Padres de Familia que además de estar inactiva certificó que desconoce a la Cooperativa Surcolombiana que los contrató por $20 millones.

En Suaza se pagaron $ 290 millones a la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Palo Gordo para el suministro de frutas y verduras. Sin embargo, las verduras no se habrían entregado y el dinero habría terminado en una fiducia para la compra de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga.

En el caso del Tolima, la Fiscalía encontró que fue contratada la Asociación de Padres de Familia Proyectos al Futuro para el suministro de frutas también para asociaciones escolares. Según la Fiscalía, los dineros fueron consignados en la cuenta de Catalina Trujillo, quien sería la hermana de Germán Trujillo, contratista vinculado a la investigación.

Por estos hechos fueron capturadas la secretaria de Educación Departamental de la Gobernación, Ana de Dios Tarazona; el coordinador del PAE, Aníbal González Sánchez y la represente legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Ltda, Luisa Fernanda Flórez Rincón. Deberán responder por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros.

Firma que vende pechugas a $40.000 para los niños no reportó IVA

La Contraloría General determinó que la comercializadora La Nueva Esperanza, que se encargó de vender productos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena, está registrada en la Cámara de Comercio de esa ciudad como una ferretería que, lejos de tener un énfasis en los productos alimenticios, se encarga de distribuir pintura y productos de vidrio. 

Pero esa no es la única irregularidad que ronda a esta comercializadora que aparece en las facturas vendiendo una pechuga de pollo a 40.000 pesos, sobrecosto que indignó al país por tratarse del dinero con el que se alimenta a los niños más pobres. 

La Contraloría también determinó que, según información de la Dirección de Impuestos Nacionales (Dian), "no aparecen reportes de declaraciones de IVA" por parte de esta comercializadora. 

Esto significa que a pesar de que la comercializadora deducía el IVA en sus facturas, no lo reportaba ni lo retribuía a la Dian. 

"Revisada la obligación financiera, se pudo establecer que no aparecen reportes de declaraciones de IVA presentadas por el contribuyente Comercializadora La Nueva Esperanza en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2016", dice la comunicación de la DIAN a la Contraloría. 

En las facturas que presentó la empresa contratista del PAE Consorcio Proescolares, encargada de ejecutar el contrato -incluso en las que le cobró a la alcaldía por las pechugas a 40.000 pesos-, se deduce el valor del IVA que nunca fue retribuido. 

Además, la Contraloría también aseguró que hay dudas por la relación de primer grado que habría entre el representante legal de la Comercializadora La Nueva Esperanza y el antiguo dueño de la empresa contratista que se quedó con el negocio del PAE. 

Otra irregularidad consiste en que mientras el contratista le presentó unos precios a la Fiducia, que estaban ajustados a los costos  reales de los alimentos en el mercado, fueron otros los que le presentó y cobró a la administración distrital. 

El Consorcio Proescolares obtuvo el contrato por un valor de 15.831 millones de pesos el 5 de agosto del año pasado. 
Luego, el 26 de diciembre de ese año, logró que se aprobaran vigencias futuras para ampliar el contrato 28 días por 7.886 millones de pesos. 

En ese punto la Contraloría determinó, por ejemplo, que para legalizar el anticipo el consorcio le presentó a la fiduciaria Servitrust GNB (que tenía los recursos) facturas en donde se veían los costos reales de los alimentos. 

Allí se evidencia, por ejemplo, que la pechuga de pollo le había costado 7.000 pesos, el kilo de carne, 11.000 pesos, el kilo de carne molida, 10.000 pesos, y el kilo de bofe, 9.000 pesos. 

Sin embargo, cuando le cobró al Distrito de Cartagena el contrato se ve cómo se incrementaron los precios ostensiblemente. Entonces la pechuga pasó a costar 40.000 pesos, el kilo de carne pasó a 25.000 pesos, la carne molida a 38.000 pesos y el kilo de bofe a 15.000 pesos. 

En los siguientes documentos se ve la relación de facturas en donde aparecen los precios cobrados a la Fiducia, y el documento que muestra cómo la Comercializadora no ha venido reportando IVA y su objeto es la distribución de productos de ferretería. 

Una de las razones por las que el contratista pudo presentarle unos costos a la Fiducia y otros a la Alcaldía es que, según la Contraloría, la Fiducia también debe verificar la debida inversión de los recursos públicos que se destinan a los anticipos, por lo que "el contratista le presentó facturas con valores ajustados al mercado, más no hizo lo mismo para soportar los pagos realizados por el Distrito". 

Por eso la Contraloría criticó que la alcaldía de Cartagena, que estaba en cabeza del suspendido alcalde Manuel Vicente Duque Vásquez, no haya cuidado los recursos públicos de la alimentación de los niños. 

"Era obligación de dicha administración verificar el gasto que realizaba el contratista para soportar los pagos que se realizaran", dice la Contraloría.

Tomado de: El tiempo.com
URL: http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/comercializadora-con-sobrecostos-en-el-pae-no-reporto-iva-a-la-dian-155812

 

Los cambios que trae la nueva generación de Ser Pilo Paga

 

Con cambios llegó la cuarta generación de Ser Pilo Paga, el programa bandera en educación del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Como todos los años, por esta fecha, el mandatario anunció la convocatoria para el periodo siguiente.

Serán 10.000 estudiantes ‘pilos’ más los que se sumarán a las versiones anteriores. Es decir, para el próximo año se cumplirá la meta propuesta de llegar a 40.000 jóvenes de bajos recursos económicos que acceden a la educación superior de alta calidad a través de las becas que otorga el Estado.

“Estamos convencidos de que no hay una mejor política para impulsar la equidad y construir la paz que apostarle a la educación”, expresó el presidente Santos y explicó que el programa no solo les ha cambiado la vida a miles de estudiantes de bajos recursos económicos y a sus familias: también es una herramienta que impulsa el progreso del país.

Y añadió que Ser Pilo Paga ha tenido tal impacto positivo en la sociedad colombiana que se está buscando, por medio de un proyecto de ley, que sea una política de Estado; es decir, que se sostenga en el tiempo y no dependa del gobernante de turno.

Sin embargo, para que así sea y con el objetivo de mejorar el programa, se introdujeron algunos cambios, principalmente para calmar las críticas que han llegado desde distintos sectores de la educación; por ejemplo, desde las universidades públicas.

Estamos convencidos de que no hay una mejor política para impulsar la equidad y construir la paz que apostarle a la educación

Es por eso que los nuevos admitidos serán incentivados para que privilegien a las universidades públicas, con el fin de que haya un equilibrio con respecto a las privadas. Y es que de los más de 30.000 estudiantes 'pilos' que tiene el país, el 82 por ciento se encuentra en universidades privadas y el escaso porcentaje restante (18 por ciento) en públicas, según las cifras más recientes del Mineducación.

Y ese desequilibrio es el que ha motivado el reclamo de los rectores de las universidades públicas y de otros sectores de la academia: que este programa, que utiliza recursos públicos, termina favoreciendo a las universidades privadas y que el dinero que se invierte en el mismo se debería destinar a las públicas.

De las 47 instituciones acreditadas dentro del programa, solo 15 son públicas. Así que este año la convocatoria busca incentivar que mínimo el 30 por ciento de los jóvenes adjudicados ingresen a universidades públicas.

 

Por ejemplo, ahora tendrán dos semestres de plazo para inscribirse a una universidad pública de su elección después de graduarse del colegio (antes era solo uno). Además, la inscripción será gratuita para presentarse en todas las públicas que hacen parte del programa.

Otro de los incentivos es un reconocimiento de medio salario mínimo adicional al apoyo de sostenimiento para gastos académicos, dotación, salidas de campo y transporte, para los jóvenes que accedan a instituciones públicas (en general se entrega un salario mínimo vigente para quienes viven con su familia en la misma ciudad y 1,5 para los foráneos).

Pero no solo se verán incentivados los estudiantes, sino también las universidades, según el Ministerio de Educación. Además de que llegarán más estudiantes ‘pilos’, se redefinirá la metodología para calcular el valor que se les pagará a las instituciones públicas por cada estudiante de ‘Ser Pilo Paga’ que sea admitido con el objetivo de nivelar el valor promedio que se paga por cada uno, entre instituciones oficiales y privadas.

Las universidades privadas se comprometieron a que la matrícula no crecerá por encima del Índice de Costos de la Educación Superior. “De esta manera, contribuyen a que el programa sea financieramente sostenible en el tiempo", expresó Santos.

 

Voces inconformes

Ante el anuncio del Gobierno, EL TIEMPO habló con rectores y vicerrectores de universidades públicas. Aunque resaltan ciertos puntos de los cambios, aún siguen insatisfechos.

El rector de la Universidad Pedagógica de Colombia, Adolfo Atehortúa, quien ha encabezado las críticas al programa e inclusive convocó a marchas en el país hace unas semanas, expresó que con Ser Pilo Paga se amplía la inequidad, pues solo favorece al 2% de los bachilleres del país. Con similar presupuesto podría ampliarse la oferta educativa de las universidades estatales.

"Justamente, el reclamo no es frente a los estudiantes del programa ni frente a las universidades no oficiales; el problema es que el Programa está arrebatando los recursos del antiguo CREE que antes se destinaban a la Educación Superior Pública", explicó Atehortúa.

Otro reconocido crítico de Ser Pilo Paga es el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela, quien aseguró: “el problema de fondo del programa es que hasta ahora no tiene una fuente de financiación propia y estable y ha venido utilizando recursos que originalmente se venían destinando a las u. públicas. Nosotros consideramos que si el gobierno quiere avanzar en el programa debe buscar una fuente de financiación distinta”.

También expresó que le parece bien que les den incentivos a los jóvenes para que elijan las públicas; sin embargo, explicó que el problema está en que los ‘pilos’ no entran a estas instituciones porque no quieran sino porque los resultados de las pruebas Saber no son suficientes o porque no pasan las pruebas de ingreso.

Por su parte, Gerardo Mejía, gerente financiero y administrativo de la Universidad Nacional, coincidió con el rector de la Universidad del Valle en que la discusión no es solo que los estudiantes elijan las universidades privadas por encima de las públicas, sino de dónde salen los recursos para el programa Ser Pilo Paga.

En cuanto al incentivo del medio salario, Mejía expresó que es un buen comienzo pero que “lo importante es que no se vuelva un mayor endeudamiento de los muchachos”. También ve como positivo que se den hasta dos semestres para que los muchachos se presenten en las públicas.

El gobierno está mintiendo descaradamente en su propaganda y jugando con las ilusiones de 200.000 jóvenes que cada año se quedan sin ingresar a la educación superior.

 

El experto en educación, Julián de Zubiría, expuso con fuertes palabras sus críticas al programa: "El gobierno está mintiendo descaradamente en su propaganda y jugando con las ilusiones de 200.000 jóvenes que cada año se quedan sin ingresar a la educación superior. Solo le va a cumplir a 10.000 de ellos. ¿Qué le dice a los otros 190.000 que se quedarán sin estudios universitarios?".

Según de Zubiría, lo que se debería hacer es convertir Ser Pilo Paga en un programa que ayude a consolidar la paz, la descentralización y la equidad. "Para ello es necesario que se asignen cupos por regiones y que pasemos de pensar en seleccionar "pilos" a fortalecer a nivel financiero, pedagógico y en autonomía y calidad, las universidades "pilas" oficiales y regionales".

Por último, concluyó: "Es claro que si el programa "bandera" de este gobierno ofrece educación al 2% de los egresados del bachillerato, es porque nunca ha sido para este o el anterior gobierno ninguna prioridad la educación".

 

tomado de: El tiempo.com

url: http://www.eltiempo.com/vida/educacion/cambios-de-la-nueva-version-del-programa-ser-pilo-paga-149374

Mapa: zonas donde se concentran los indígenas y campesinos del país

Los primeros participan de la Minga, en diferentes regiones. Los segundos se ubican en el Catatumbo.

 

tomado de el tiempo 

url: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/zonas-bloqueadas-por-el-paro-campesino-146396

Síntesis de las conclusiones de la XX Asamblea General Federal de Fecode

Asamblea 1

Luego del análisis y el debate de cada uno de los temas de la agenda aprobada en seis comisiones, vía consensos y disensos, la XX Asamblea General a la plenaria final donde se revisaron y aprobaron todos los puntos consensuados en las diferentes sesiones de trabajo, entre otros: 

1. El análisis de la situación política nacional e internacional y, a ese respecto, la Declaración Política de la XX Asamblea.
2. La resolución de apoyo a los procesos de paz y la solución política negociada y el rechazo a los asesinatos de líderes sociales.
3. La resolución de respaldo a la lucha que vienen llevando a cabo los pilotos de ACDAC y contra la intransigencia patronal.
4. En materia de política educativa, dimensionar que la esencia del Movimiento Pedagógico es la defensa de la educación pública, la construcción colectiva de una política educativa alternativa que confronte a la neoliberal y sus efectos privatizadores, la mercantilización, desfinanciación, despedagogización y desprofesionalización. 
5. Fecode y sus filiales regionales deben liderar la organización y consolidación del Frente Social Amplio por la Financiación de la Educación Pública. 
6. Emprender la preparación del Tercer Congreso Pedagógico Nacional.
7. Continuar con el trabajo de fortalecimiento de la propuesta de la Escuela como territorio de Paz.
8. Seguir trabajando por consensuar el Estatuto Único Docente, que dignifique a los profesionales de la educación, basado en los principios de garantía universal de ingreso, estabilidad, permanencia y retiro; siendo la columna vertebral, el escalafón fundamentado en los tres criterios planteados y defendidos por la Federación: Títulos, tiempo de servicio y producción académica; reconociendo las particularidades étnicas, geográficas y sociopolíticas, dando especial atención a la situación de los etnoeducadores. 
9. Rechazar todo tipo de evaluación de carácter punitivo, sancionatorio y fiscalista, dándole a esta un perfil diagnóstico formativo.
10. Exigir al Gobierno Nacional, la Fiduprevisora y los contratistas, la prestación de un servicio de salud en correspondencia con el nuevo pliego de condiciones, que los organismos de control vigilen la ejecutoria de los mismos y la situación presentada en las regiones 4 y 7. De igual forma, exigimos la financiación del FOMAG sin afectar los recursos de los FONPET, el reconocimiento y pago puntual de las prestaciones económicas de ley, así como la modificación y aplicación rápida del Decreto 1655 de 2015.
11. Seguir avanzando en el proceso de unidad sindical en el marco de la campaña nacional de afiliación y fortalecimiento de los sindicatos regionales filiales, el rechazo al paralelismo sindical y la exclusión de los procesos electorales a los sindicatos que no estén a paz y salvo con la tesorería Federal.
12. Convocar la elección del nuevo Comité Ejecutivo de Fecode para el 21 de septiembre de 2018.
13. Fortalecer en el presupuesto de la Federación el rubro para el Fondo Pro Huelga, en el mismo sentido, los atinentes a la próxima elección del Ejecutivo y el Ceid Nacional.
14. Exigir el cumplimiento de los Acuerdos firmados por el Gobierno Nacional con Fecode y en tal sentido, mantenernos en estado de alerta y prestos a la movilización y la lucha.

La anterior es una síntesis apretada de lo analizado, debatido y aprobado en la XX Asamblea General de Fecode. En los próximos días se editará y publicará un folleto para los afiliados a los sindicatos regionales con todas y cada una de las conclusiones, resoluciones y la declaración política del máximo evento de Fecode.

 

tomado de FECODE

url: http://www.fecode.edu.co/index.php/noticias-principales-3